Es el cuidado mutuo lo que expresa el más alto grado de civilización humana, no la competencia por fuerza de trabajo y recursos. Cooperar y compartir son las claves de nuestra evolución como humanidad, y resultan las formas de actuación más eficientes y eficaces. Lo contrario, subordinar personas y poblaciones y concentrar territorios y recursos nos está llevando a un orden de crueldad, deshumanización y de destrucción de la vida. O nos ordenamos con base al cuidado mutuo o este orden de crueldad con la gente y con la tierra terminará por hacer imposible la vida y las inmensas mayorías de siempre continuarán sometidas a la precariedad. Es este el dilema civilizatorio que en esta hora se devela ante nuestros ojos.

Pero este cuidado mutuo no debe quedarse en los límites del cuidado entre humanos. El más alto grado de humanidad no se agota ahí: estamos en pleno debate mundial sobre la depredación de la vida y la destrucción de los seres no humanos, que abarca tanto a quienes denominamos animales y plantas, como los ríos, los bosques, las montañas, las playas, el aire, la mar... No debemos ni podemos retroceder en esta comprensión ampliada del cuidado, que también corresponde formar desde la educación.

En este escenario epocal nos encuentra el reciente cambio de gobierno, que sabemos, por la historia de autoritarismo y conducta delictiva que le precede, representa el peligro del extractivismo y la corrupción de la pseudodemocracia que la ciudadanía ya ha puesto en evidencia. 

Instaladas las Cámaras de Diputados y Senadores con una aritmética frágil para la toma de decisiones (en Senadores, pese a su inconstitucionalidad, se ha establecido una mayoría que ya tomó su control) se juega algo más hondo que una correlación de votos: Se juega la posibilidad de tener real contrapeso y control político sobre el ejecutivo y el establecimiento de un marco legal que, además de derogar las leyes de la criminalidad y la corrupción implique abrir el camino hacia una nueva democracia cuyas características emergen del programa político expresado en los reclamos y protestas de los últimos años. Entre ellas, que una democracia auténtica reconoce la educación como derecho, y que la educación misma y su pedagogía tiene que ser experiencia de democracia. ¿Cuál será la agenda legislativa para que la educación sea ambas cosas?

El tema da para largo, pero vamos a dejar aquí sembrada la idea de siete iniciativas, que apenas son parte de un proceso de reforma democrática de la educación. Es necesario usar la agenda incluso para aspectos que técnicamente podrían parecer propios de una norma administrativa pero que, en este contexto, requieren de la fuerza de un mandato legislativo:

1) Una ley de restitución de las becas de educación superior y con prioridad de los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano,

2) Legislar al detalle las pensiones magisteriales y el bienestar docente para su reglamentación urgente y aplicación obligatoria por el ejecutivo.

3) Una ley para la equidad territorial del gasto educativo y su progresión hasta alcanzar por lo menos el 6% del PBI,

4) Legislar para el cierre de la brecha docente EIB (25,796 docentes de Educación Intercultural Bilingüe) que niega a las infancias y adolescencias andinas y amazónicas el derecho a aprender en su lengua, su saber y territorio.

5) Una ley para garantizar la Educación Sexual Integral de orientación laica para enfrentar la violencia sexual y otros riesgos que padecen las niñas, niños y adolescentes,

6) Una ley para retomar la calidad y pertinencia de la educación superior técnica, artística y universitaria, que involucre un proceso participativo de estudiantes, docentes y representantes de la sociedad.

7) Una ley de memoria y reparación para el desarrollo en la población estudiantil del pensamiento crítico y la empatía (que se forman también sintiendo, actuando y moviéndose desde la corporalidad). Una ley que instaure una comisión que informe sobre los hechos de violencia ocurridos y cuyas conclusiones sean objeto de estudio en la formación básica y profesional.

Esta agenda puede fallar fácilmente si no es acompañada en la praxis por una educación liberadora. Una práctica educativa que fomente de manera simultánea en niñas niños y adolescentes la capacidad de un senti-pensar crítico capaz de volar sin perder las raíces de la memoria y de la madre tierra. Un senti-pensar que nazca tanto de la reflexión, como de la risa, el llanto, el cuerpo, el juego, el arte y interacción en comunidad.

Una clave última de esta agenda se encuentra en la iniciativa de la sociedad civil en como coautora a través de sindicatos docentes, organizaciones indígenas, afroperuanas, colectivos de mujeres, de disidencias sexuales y de juventudes. Así como de los gobiernos subnacionales.

Legislar la educación pública reconociendo que toda educación ocurre en un territorio y una historia, que el aprendizaje es experiencia situada, que la escuela puede ser lugar de cuidado de la vida o instrumento de despojo. Su éxito no solo se medirá en leyes aprobadas, sino en cuánto acerca al país a ese nosotros integrador —ñuqanchis— del que escribiera Arguedas.